/ Marzo-Abril 2026 14 Entrevista Guardia Civil se viene dando desde la creación de ese cuerpo de seguridad privada, en 1849. A partir de la promulgación de una Ley de 27 de abril de 1866, la Guardia Civil asumió el control administrativo de los guardas rurales y sus especialidades, competencia que se mantiene hasta hoy en día. Por lo tanto, en lo tocante a nuestro vínculo, se puede afirmar que llevamos más de 177 años colaborando y, de ellos, 160 años caminando juntos. Todas las relaciones de colaboración son susceptibles de mejorar, pero la relación de colaboración con los guardas rurales viene siendo excepcional. La peculiaridad del guarda rural y del desempeño de sus funciones (en la mayoría de los casos solos, en grandes extensiones de terreno sin cobertura ni datos, con presencia de personas que practican la actividad cinegética de forma legal o no, con organizaciones criminales que se dedican al robo de maquinaria o frutos del campo) hace que, inevitablemente, sea una figura mucho menos conocida que la del vigilante de seguridad, pero no por ello es menos importante. La preparación y el conocimiento del medio donde presta sus servicios hacen que esta figura sea esencial y complemente eficazmente los cometidos de seguridad pública que proporciona la Guardia Civil en el entorno rural, coadyuvando a paliar el reto demográfico en la España despoblada. eficiencia y economía normativa, ya que ambos conceptos están íntimamente ligados. También sería recomendable hacer una mención específica en la normativa a la resiliencia de la cadena de suministros de esas entidades críticas, puesto que sin lo primero no es posible lo segundo. Los guardas rurales son una parte de la seguridad privada menos visible que otras figuras. Teniendo en cuenta los cambios que comentábamos antes en nuestra sociedad, ¿cómo debería evolucionar esta profesión y su relación de colaboración con la Guardia Civil? La verdad es que la relación de colaboración de los guardas rurales con la evolucionando de forma exponencial, las normas deberán ser lo más abiertas o genéricas posible, y en todo caso que sean las normas de desarrollo de menor rango las que se modifiquen y actualicen para garantizar la continuidad y vigencia de la Ley. De este modo, evitaremos, al menos en la norma principal, un anclaje normativo, con las dificultades inherentes a cualquier proceso de modificación o redacción. El Gobierno ha aprobado recientemente el proyecto de Ley de Resiliencia de las Entidades Críticas (Ley CER). ¿Cómo valora la norma, en términos generales? A la vista de la nueva realidad geopolítica, considero que es una norma armonizadora que hacía falta a nivel europeo para que, al menos, sean obligatorios unos mínimos por parte de todas las empresas y no dependa únicamente del buen criterio de los operadores. Creo que el anteproyecto podría abarcar tanto la resiliencia como la ciberseguridad en una misma norma de trasposición, atendiendo a criterios de “A la vista de la vertiginosa velocidad de desarrollo de las nuevas tecnologías, en el futuro las normas de seguridad privada deberán ser lo más abiertas o genéricas posible”
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