/ Enero-Febrero 2026 130 evento te de un todo. En lo que se refiere a las empresas, apuntó que deben “entender cuáles son los escenarios híbridos” en los que confluyen amenazas de diversa naturaleza, para afrontarlos de manera coordinada desde los diferentes equipos de seguridad, sea física, cibernética o de cualquier otro tipo. “Realmente las prácticas principales son compartidas, pero llevamos muchos años de práctica por separado y esa figura de visión estratégica debe ser capaz de poner en sintonía todas las seguridades”, reflexionó. Otro aspecto que aborda el documento es la contribución de la seguridad corporativa a la seguridad nacional. Andrés Martínez mencionó que, aunque la propia Ley de Seguridad Nacional apunta a la necesaria colaboración y coordinación para que el Estado proporcione una respuesta eficaz a las amenazas, “ese espíritu no ha tenido un desarrollo”. “La seguridad corporativa, más allá de lo que dice la ley, contribuye de manera decidida a la seguridad nacional; lo que necesitamos es que esa declaración de intenciones se traduzca en un impulso, en programas concretos, en una colaboración específica y bidireccional”, planteó el ponente. Martínez puso en valor la labor de las empresas consideradas estratégicas para el país, cuyas decisiones en torno a su seguridad impactan en la seguridad nacional. Sin embargo, el esquema actual no aborda “el campo más sensible y vulnerable: las personas”. Por ello, es fundamental avanzar también en ese aspecto para hacer frente a las amenazas internas, en la línea que propone la Directiva sobre Resiliencia en las Entidades Críticas (CER), aún no transpuesta al ordenamiento jurídico español. Gobernanza adaptada Otro capítulo del documento está centrado en la gobernanza de la seguridad, que Alberto Tovar clasificó en función de su alcance: una corporativa que permita al área de seguridad ser facilitadora del negocio; una sectorial donde las entidades colaboren; y una estatal que contemple la colaboración público-privada y la público-pública. Concretamente, Tovar consideró que la gobernanza de la seguridad corporativa debe establecerse “de acuerdo a cada una de las empresas, de manera que la legislación permita a cada una que organice su seguridad como considere mejor”, en contraposición a un modelo encorsetado. La propia gobernanza es uno de los retos actuales de la seguridad corporativa, al que se suman otros como el cambio de una cultura reactiva a otra proactiva frente a los riesgos, el entorno regulatorio, la resistencia al cambio o la escasez de profesionales. Diferenciación normativa El estudio finaliza con un capítulo dedicado a la normativa, que defiende la necesidad de diferenciar la regulación entre los diferentes ámbitos de la seguridad. “En la medida en que todo se integra en la seguridad nacional, de alguna manera debe ordenarse. La seguridad corporativa, al igual que la seguridad privada, la ciberseguridad o la industria y tecnología, tiene que tener una regulación para encajar en el sistema; pero el legislador ha de hacerlo sin perder la perspectiva global para que el sistema fluya y los esfuerzos sumen”, defendió César Álvarez. La seguridad corporativa debería estar regulada con un enfoque abierto en el que las empresas puedan adoptar sus propios modelos. La función del regulador es establecer el marco general al que deben ajustarse las empresas, pero dejando libertad a la hora de implantar medidas, sin control previo como existe ahora y con inspecciones a posteriori en caso de incidente”. “La presencia de la Administración tiene que notarse por su apoyo y no por el control y la sanción”, sentenció. El estudio Seguridad Civil y Empresa. Descifrando la Seguridad Corporativa está disponible para su descarga gratuita en la web de la Fundación Borredá. Acceda a él a través de: https://www.fundacionborreda.org/publicaciones/#sec2estudioseinformes De izq. a dcha., en la fila de arriba: José Márquez, Alberto Tovar, César Álvarez y Andrés Martínez. Abajo, Elena Salas, Ana Borredá y Enrique Bilbao.
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