/ Julio-Agosto 2025 64 Opinión el objeto de asegurar su operatividad en cualquier tipo de catástrofe o emergencia. Lo mismo en la estricta aplicación del ENS, así como de la Directiva NIS2 para fortalecer la ciberseguridad en estos sistemas. Enfoque operativo La ausencia de semáforos y la falta de coordinación en el tráfico urbano generaron un caos vial sin precedentes, especialmente en ciudades como Madrid, ante la inoperatividad de los sistemas de regulación del tráfico y la sobrecarga de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De hecho, grupos de voluntarios con chalecos reflectantes asumieron espontáneamente tareas que, legalmente, corresponden exclusivamente a la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. Sin formación específica en seguridad vial, estos ciudadanos improvisaron puntos de control en intersecciones clave, regulando el paso de vehículos y peatones para evitar accidentes y garantizar una mínima fluidez en las calles. Aunque su labor fue bien recibida por la población y tolerada por las autoridades, este fenómeno evidencia nuevamente la fragilidad del sistema de gestión de emergencias. Resulta de capital importancia algo tan básico como establecer procedimientos para este tipo de emergencias en las que las comunicaciones colapsan y no pueden activarse por ningún medio convencional con los recursos necesarios, a través de los cuales los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros servicios de Emergencias y Protección Civil acudan a sus respectivas bases a recibir instrucciones para reforzar los efectivos. Seguridad electrónica La falta de electricidad afecta a las distintas medidas de seguridad electrónica, lo que facilita la comisión de cualquier tipo de ilícito penal. Medidas de seguridad tales como las cámaras de videovigilancia, con o sin analítica de vídeo; pues sin energía muchas cámaras dejan de funcionar, lo que elimina la posibilidad de monitorización y control en tiempo real, así como las grabaciones de los aspectos de relevancia que han de quedar como constancia y prueba. Lo mismo ocurre en relación con las medidas anti-intrusión, alarmas y detección. Los distintos subsistemas de alarma dependen de la electricidad y, aunque algunos tienen baterías de respaldo, su autonomía es limitada. Algo similar ocurre con los controles de acceso, puertas electrónicas y cerraduras inteligentes, que pueden quedar inutilizadas, permitiendo el acceso no autorizado. Todas las cuestiones reseñadas hacen que aumente la criticidad, la inseguridad, la delincuencia y, por lo tanto, el riesgo, porque hay mayor oportunidad para los saqueos y pillajes. La falta de vigilancia y respuesta inmediata incentiva a grupos organizados o individuos a aprovechar la situación. El colapso de las actuaciones en una situación sobrevenida que requiere un aumento del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad favorece las cuestiones reseñadas, así como el incremento social del caos y del pánico colectivo, debido a que la incertidumbre y el miedo pueden generar reacciones impulsivas, aumentando los delitos con un marcado carácter oportunista. Muchas comunidades autónomas decidieron elevar el Nivel de Emergencia Operativo a Nivel 3, debido a la magnitud del apagón del 28 de abril, que afectó de manera simultánea a múltiples regiones y comprometió la operatividad de las infraestructuras críticas. Nivel 3 de emergencia, que se activa cuando la situación supera las capacidades de respuesta autonómicas, requiriendo la coordinación directa del Gobierno central. El apagón generó fallos en el transporte, telecomunicaciones, sanidad y seguridad pública, lo que llevó a comunidades como Andalucía, Extremadura, Madrid, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana a solicitar la intervención del Gobierno central. Esta declaración permitió la movilización de recursos supraautonómicos y la activación del Ejército (en especial la Unidad Militar de Emergencias) en labores de apoyo y gestión unificada de la crisis por parte del Ministerio del Interior. La decisión se tomó para garantizar la seguridad ciudadana, coordinar la recuperación del suministro eléctrico y evitar un colapso prolongado de los servicios esenciales. La caída de las telecomunicaciones impidió la coordinación eficiente de los servicios de emergencia, afectando a la respuesta a incidentes críticos. Entre las medidas recomendadas, destaca la mejora de los protocolos de actuación en los hospitales y servicios de emergencia, el desarrollo de sistemas de comunicación alternativos (priorizando redes de radiotelefonía TETRA) y, por último, la creación de un Plan Nacional Específico de Contingencia Digital, que garantice la operatividad de infraestructuras críticas sanitarias, a través de sus operadores críticos. Enfoque legal El apagón evidenció fallos en la aplicación de protocolos de contingencia, lo que debería derivar en una revisión de la normativa para reforzar la seguridad de infraestructuras críticas, o al menos exigir su estricto cumplimiento, cuestión capital si se establece la reforma que sea para sancionar de manera ejemplar su incumplimiento, y de manera especial
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