/ Septiembre-Octubre 2025 116 Detectives En sus inicios, la investigación privada –antes de la orden ministerial de 1931– era una actividad no regulada oficialmente. Aquellos despachos, apenas sin requisitos para ejercer y en muchos casos dirigidos por profesionales retirados de los cuerpos de seguridad, se encontraban a cargo de los permisos o licencias y acometían, principalmente, investigaciones en el ámbito familiar, empresarial, de robos y fraudes laborales, entre otros. Los informes elaborados por los investigadores no formaban parte de la cadena de pruebas en los juzgados, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, sino que servían como apoyo para la correcta toma de decisiones de los clientes. Apenas con un lápiz, un bloc de notas y, en algunos casos, una cámara del tamaño de una caja de zapatos, salían a la calle para tratar de esclarecer sus encargos de la manera más discreta posible. Sin protección alguna por parte de la Ley, se exponían cada día en su trabajo, a base de mucho ingenio y, más aún, de paciencia. La primera regulación Fue a partir de la orden ministerial del 17 de enero de 1931 cuando la profesión de investigador privado comenzó a regularse, exigiendo con el paso de los años más requisitos para poder ejercer como detective. En ese tiempo, no existía una formación especializada o específica y apenas había restricciones respecto a la privacidad. Décadas más tarde, con las órdenes ministeriales de 1972 y 1981, se introdujeron nuevos requisitos, entre los que destacaban estar en posesión del título de Bachiller, carecer de antecedentes penales y la exclusión del personal de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil que se encontrara en activo. Aquellos despachos de la época contaban con la ayuda de los auxiliares de detective, figura hoy extinguida, y con una máquina de escribir, en muchos casos una querida Olivetti, que fue reemplazada posteriormente por los primeros ordenadores e impresoras de aguja de gran tamaño. Estos avances otorgaban a los detectives la capacidad de corregir textos o leerlos antes de imprimirlos. Como dato curioso, en aquellos años estaba normalizado disponer en la oficina de un cuarto oscuro para revelar las fotos realizadas durante el servicio: al principio en blanco y negro y, más tarde, en color gracias a equipos más profesionales. Dichas fotografías se aportaban junto con el informe, en ocasiones incluso pegadas en el mismo, lo que convertía el proceso en un trabajo costoso, lento y muchas veces tedioso si las imágenes no mostraban lo que el profesional esperaba encontrar. Una nueva etapa Con la llegada de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada se estableció un marco legal más definido para los investigadores, fijando nuevos límites como poder investigar únicamente delitos no perseguibles de oficio u otros asuntos de índole privada que la ley enumeraba de forma parca y genérica. Para combatir el intrusismo se delimitó quiénes podían investigar de oficio, excluyendo a los auxiliares de detectives y a los investigadores comerciales de las funciones propias del detective privado. Con ello se abrió una nueva etapa en la historia de la profesión. Desde entonces, el detective privado pasó a estar incluido dentro de la Ley de Seguridad Privada junto con las empresas y el personal de seguridad, lo que generó cierta controversia. La ratificación de los informes de detectives en los juzgados comenzó a cobrar gran importancia como prueba, dejando abierto el debate sobre si estos profesionales deberían quedar bajo el paraguas del Ministerio de Justicia, junto a procuradores y abogados, para asistir a los jueces en su labor. La evolución o involución de la investigación privada Luis Iglesias Fernández Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE)
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