Detectives Este debate continúa en la actualidad, ya que los detectives visitan los juzgados prácticamente a diario para ratificarse en sus informes y actuaciones. Incluso en sede judicial existe confusión sobre su categoría, siendo citados en ocasiones como peritos en lugar de testigos cualificados. La revolución tecnológica Al igual que la normativa evoluciona, el detective se adapta a la tecnología. La llegada de los primeros teléfonos móviles permitió coordinar investigaciones en tiempo real sin perder un seguimiento al buscar una cabina telefónica. Estas, además de su elemento romántico, resultaban útiles porque permitían disimular durante una vigilancia y captar con las nuevas cámaras compactas las acciones perseguidas. Quedaron atrás también los walkie-talkies de larga distancia (en los que a veces se cruzaban comunicaciones ajenas) y la necesidad de tomar notas en una libreta durante los seguimientos en coche, donde era habitual partir los bolígrafos al escribir desde el asiento del copiloto mientras el compañero conducía. Todo se simplificó con un solo aparato desde el cual llamar, escribir y hacer fotos. Del mismo modo, Internet abrió un mundo de oportunidades para la investigación, permitiendo obtener pruebas de hechos pasados o recientes e incluso conocer futuros movimientos de los investigados, al exponer públicamente sus intenciones de realizar o asistir a determinados eventos. El detective actual Poco a poco nos acercamos al detective de hoy, regulado en exceso, pero con un marco legal claro. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada le otorga la capacidad exclusiva y excluyente de investigar, convirtiendo a estos profesionales en los mejor formados de Europa y dotados de un sinfín de tecnologías que facilitan la obtención de pruebas de calidad durante el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, esta misma tecnología, al estar prácticamente al alcance de cualquiera, supone un arma de doble filo. Su uso indebido o sin formación genera consecuencias contraproducentes para el sector, pues quienes intentan obtener pruebas de forma particular e ilegítima contribuyen, entre otras cosas, al endurecimiento de la normativa de protección de datos. En este sentido, no toda evolución es positiva. Para garantizar la privacidad personal y la protección de datos se creó una nueva regulación jurídica: Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Como consecuencia, cada vez más los investigadores se encuentran ante un muro que crece sin mesura, impidiéndoles acceder a información de vital importancia para el desarrollo de su actividad. Nuestra trayectoria profesional e histórica demuestra que somos especialistas en el tratamiento y análisis de la información. Nuestras investigaciones se basan en los principios de proporcionalidad, legitimidad, necesidad e idoneidad, como reiteran las más altas instancias judiciales. Por ello, nuestros informes nunca se difunden fuera de la sede judicial, protegiendo siempre los datos personales incluidos en ellos. Resulta incomprensible que no se reconozca un acceso profesional a registros, instituciones o incluso empresas privadas, que se cierran en banda al solicitar información sobre un investigado. La legitimidad de nuestro contrato debería bastar para justificar la obtención de datos esenciales para el desarrollo de la investigación. ¿Evolución o involución? En comparación con los inicios de la actividad del detective, la profesión disfruta hoy de mayor comodidad y facilidad en la investigación de campo. Sin embargo, en lo relativo a la investigación en redes, registros u obtención de información mediante gestiones, la actividad se encuentra gravemente bloqueada por una normativa que no distingue entre un profesional y un particular ajeno a la investigación, lo que plantea la duda de hasta qué punto hemos evolucionado… o involucionado. / Septiembre-Octubre 2025 117
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