Opinión / Julio-Agosto 2025 61 que, un evento de esta escala era imposible. Red Eléctrica llegó a afirmar el 9 de abril que: “no existe riesgo de apagón” y que el sistema estaba garantizado. Vulnerabilidades Sin embargo, muchos analistas de seguridad e inteligencia ya habíamos advertido sobre la posibilidad de un colapso energético, alertando sobre la vulnerabilidad del sistema y la falta de medidas de contingencia adecuadas. Advertencias que fueron desestimadas y tachadas de alarmistas, hasta que en apenas cinco segundos 15 gigavatios desaparecieron, como por arte de magia, de nuestro sistema eléctrico español, desencadenando una crisis sin precedentes. Para contextualizar, si esos 15 gigavatios se hubieran utilizado para alimentar hogares, podrían haber mantenido encendidas más de 10 millones de viviendas simultáneamente. Es como si, de repente, toda la electricidad de Madrid, Barcelona y Valencia, juntas, se evaporara en cuestión de segundos. Este evento energético y digital ha demostrado que la estabilidad energética no es un hecho garantizado, sino una ilusión que puede desmoronarse en cuestión de segundos. La interconexión entre el suministro eléctrico y los sistemas digitales ha convertido a los apagones en algo más que una simple interrupción de luz: ahora representan una amenaza directa a la operatividad de un país entero. Este apagón no es solo un fallo técnico, sino una advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras críticas. La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, sino cuándo y con qué consecuencias. Orden público El apagón masivo del 28 de abril creó el escenario perfecto para un fenómeno que las autoridades rara vez contemplan (pero sí lo hacemos los analistas) en sus planes de emergencia: el colapso del orden público. La falta de acceso a suministros esenciales, la incertidumbre y la percepción de impunidad ante la inactividad de los sistemas de seguridad pueden convertir cualquier apagón prolongado en una crisis social de dimensiones imprevisibles. Desde el punto de vista legal, el Código Penal español contempla estos delitos bajo el artículo 557, que sanciona los desórdenes públicos cuando se cometen con violencia, intimidación o alteración grave del orden en grupo. En su variante más extrema, el saqueo o pillaje (especialmente si involucra daño a propiedad privada o pública) puede incrementar la pena hasta cinco años de prisión. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en el reproche penal, sino en la prevención del caos en situaciones de crisis. Los analistas de inteligencia y seguridad hemos alertado en diversos foros sobre este fenómeno en otras catástrofes internacionales, donde la ruptura del acceso a servicios básicos confluye en comportamientos oportunistas. Cuando la ciudadanía percibe que la estructura de protección estatal ha desaparecido (porque las telecomunicaciones han caído, los sistemas de emergencia no responden, así como los efectivos de seguridad pública están desbordados y colapsados), puede generar un efecto psicológico colectivo que deriva en saqueos masivos y conflictos urbanos. El pasado blackout, constató la falta de preparación para estos escenarios, con cortes en comunicaciones estratégicas, vehículos de emergencia inmovilizados y unidades policiales sin capacidad de respuesta inmediata. Sin medidas de contingencia adecuadas, cualquier nuevo apagón podría desencadenar un nivel de violencia e inseguridad que supere la propia crisis energética. En situaciones de caos, la diferencia entre un desastre “controlado” y un escenario de violencia urbana radica en la planificación estratégica previa. Análisis técnico El apagón afectó de manera sistémica a las infraestructuras críticas interconectadas, provocando ese CDI entre diversas infraestructuras críticas que paralizó sectores esenciales, tales como: 1. Transporte y telecomunicaciones. La caída de la energía generó un bloqueo total en el sector del transporte, principalmente en las redes ferroviarias (lo que colapsó el servicio de autobuses) y el tráfico aéreo. Muchos de los trenes se detuvieron en pleno trayecto con miles de personas afectadas en su interior, mientras que diversas infraestructuras críticas aeroportuarias suspendieron operaciones de los vuelos programados, al no disponer de suficiente respaldo energético para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. La telefonía móvil y fija colapsó completamente, dejando incomunicados El apagón del 28 de abril no fue solo un fallo técnico, sino una advertencia sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas
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