Detectives te en la práctica. Permitir la actuación de detectives privados en determinados supuestos podría aliviar la carga de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en investigaciones de menor entidad o en fases iniciales. En un contexto de creciente complejidad delictiva, la colaboración públicoprivada se presenta como una herramienta potencialmente útil. El principal argumento en contra es el riesgo de desdibujar la frontera entre investigación pública y privada. La persecución de delitos públicos es una función esencial del Estado, vinculada al ius puniendi, y su externalización parcial podría generar problemas de legitimidad. Además, podría producirse una privatización encubierta de la investigación penal, especialmente si las partes con mayor capacidad económica pueden acceder a mejores medios probatorios. La intervención de detectives privados en delitos públicos plantea interrogantes sobre la validez de las pruebas obtenidas, la cadena de custodia y el respeto a derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Nuevo modelo Aunque los detectives privados están sujetos a estrictas normas legales, su actuación no está integrada orgánicamente en el sistema de garantías propio de la investigación penal pública. En el nuevo modelo, el fiscal será el director de la investigación. La participación de detectives privados requeriría mecanismos claros de coordinación y control para evitar interferencias, duplicidades o incluso nulidades procesales. En algunos sistemas europeos, la colaboración entre investigadores privados y autoridades públicas está más desarrollada, aunque siempre bajo estrictos límites. Una posible vía intermedia sería reconocer legalmente la intervención de detectives privados en la investigación de delitos públicos, pero únicamente: A instancia de parte (defensa o acusación particular) y bajo supervisión del Ministerio Fiscal. Con regulación expresa de sus funciones, límites y responsabilidades en este nuevo modelo. Desde una perspectiva técnica, la inclusión del detective privado en la LECrim podría articularse mediante: Reconocimiento expreso como colaborador externo en la obtención de pruebas. Regulación de su estatuto procesal, incluyendo derechos, deberes y régimen de responsabilidad. Integración en el sistema probatorio, clarificando el valor de sus informes en el proceso penal. Mecanismos de control judicial, especialmente en actuaciones que puedan afectar a derechos fundamentales. Este enfoque permitiría aprovechar las ventajas de la investigación privada sin comprometer las garantías del sistema. La posible habilitación de los detectives privados para investigar delitos públicos en España constituye una cuestión compleja en la que confluyen intereses profesionales, garantías procesales y principios estructurales del sistema penal. Ventana de oportunidad La reforma de la LECrim abre una ventana de oportunidad para replantear su papel, especialmente en un modelo donde la investigación se desplaza hacia el Ministerio Fiscal y se refuerza la necesidad de colaboración. No obstante, cualquier ampliación de competencias debe abordarse con cautela, evitando riesgos de privatización, garantizando la igualdad de las partes y asegurando el pleno respeto a los derechos fundamentales. En definitiva, más que una habilitación plena e indiscriminada, parece razonable avanzar hacia un modelo regulado de colaboración en el que el detective privado se integre como un actor complementario, bajo control institucional, al servicio de una justicia más eficaz y equilibrada. En la sociedad actual, la Administración Pública no puede ignorar la función que realizan los detectives privados de España sometidos a una regulación y control por parte del Estado. No hacerlo supondrá, una vez más, dejadez institucional, desaprovechando los servicios de estos profesionales, cuya función está encaminada a la protección de los derechos fundamentales y al cumplimiento de la seguridad jurídica en aquel ámbito en el que tienen competencias reguladas por ley. Desde la APDPE, y con la presentación de un proyecto de Estatuto Propio del Detective Privado encuadrado dentro de la Ley de Seguridad Privada 05/2014, perseguimos alcanzar este objetivo, así como otros cuya necesidad y actualización reclama todo el sector. La reforma de la LECrim abre la oportunidad de replantear el papel del detective privado, especialmente en un modelo donde se refuerza la necesidad de colaboración / Mayo-Junio 2026 81
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